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Derecho Penal

El Derecho romano, en su extensa evolución, llegó a la formación de un incipiente Derecho penal y a la elaboración de ciertas nociones jurídico–penales, aunque en generalquedaran insuficientemente desenvueltas. No obstante, ese Derecho penal romano alcanzó determinados avances: la afirmación de su carácter público, el reconocimiento de las ideas esenciales acerca de la imputabilidad, de la culpabilidad, etc. La consolidación de las monarquías absolutas, en la etapa feudal, trajo como consecuencia la implantación de un orden penal caracterizado por el feroz sistema de penas, los privilegios para determinadas clases (la nobleza, los feudales y la alta jerarquía eclesiástica), el arbitrio bsoluto de los monarcas, los procedimientos secretos, etc. Hacia fines del siglo XVIII se aceleró el ascenso de la burguesía al poder y con ello, el Derecho penal experimentó una variación fundamental: comenzó a concebirse sobre bases teóricas desarrolladas, de manera coherente, según las conveniencias e intereses de la clase que iniciaba su hegemonía económica y política.
Hacia fines del siglo XVIII se aceleró el ascenso de la burguesía al poder y con ello, el Derecho penal experimentó una variación fundamental: comenzó a concebirse sobre bases teóricas desarrolladas, de manera coherente, según las conveniencias e intereses de la clase que iniciaba su hegemonía económica y política. La evolución posterior ha implicado el desarrollo de un proceso que, en sus rasgos esenciales, puede dividirse en tres etapas: la iusnaturalista, la positivista y la neopositivista.
El Derecho penal constituye una rama específica del Derecho integrada por el sistema de conocimientos materializados en teorías, conceptos, juicios, postulados, categorías, principios y normas relacionadas con el objeto de su particular esfera cognoscitiva, o sea, el delito. La concepción materialista del Derecho penal está determinada principalmente por dos razones: la naturaleza de su objeto de conocimiento y la esencia de las normas jurídico penales. La naturaleza materialista del delito radica en que éste resulta un hecho que se produce en el terreno de la vida social, de la realidad objetiva: se origina en el mundo de las relaciones sociales y se caracteriza por amenazar o lesionar el sistema de relaciones predominantes en una sociedad determinada. La norma jurídica no es más que la expresión formal de ciertas relaciones sociales.
De tales premisas fundamentales se deriva una conclusión: el Derecho penal está relacionado con un aspecto de la conducta social del hombre. Por consiguiente,es ostensible la estrecha vinculación del Derecho penal con la vida social, con la realidad objetiva. El Derecho penal representa la afirmación jurídica de necesidades materiales de la sociedad, que quedan vinculadas con la definición, en normas jurídicas, de aquellas conductas que esa sociedad determinada considera de elevado peligro para el régimen de relaciones sociales dominantes. Si bien es cierto que el jurista debe estudiar el aspecto normativo de esta rama, o sea, lo relacionado con la inteligencia y exposición de las normas jurídico-penales, tal cometido no constituye el único ni el decisivo, por cuanto este modo de considerarlo sólo implicaría desconocer el valor social del Derecho penal, su estrecho vínculo con las condiciones de vida de la sociedad que elabora esas normas y en la que éstas deben regir.
El tema de las funciones del Derecho penal muestra cierto grado de complejidad, por cuanto la teoría penal ha señalado también funciones a la pena y funciones a las normas jurídico- penales. El criterio tradicional suele equiparar las funciones del Derecho penal y las de la pena. Frente a esta posición tradicional, ha comenzado a aducirse a mi juicio con razón— que al buscar la función del Derecho penal en la función de la pena, se invierte el orden
de las cuestiones. En mi opinión es correcto el criterio de quienes sostienen la interrelación de las funciones del Derecho penal y las de la pena sobre la base del predominio de las primeras. De ellas derivan después las correspondientes a las penas y a las normas jurídicopenales.
Las funciones del Derecho penal hacen referencia a los modos de influencia de éste con respecto a las relaciones sociales. Esa influencia se lleva a cabo, principalmente, de dos modos. De una parte, confiere particular protección del sistema de relaciones sociales (función de protección); y, de otra, procura promover en todas las personas la observancia y desarrollo de comportamientos ajustados, precisamente, a dicho sistema de relaciones sociales (función de motivación). Una y otra función la realiza el Derecho penal mediante la definición, en normas jurídicas, de ciertas conductas altamente peligrosas para el mencionado sistema de relaciones sociales y la aplicación de medidas jurídicas (las penas) a aquellos que incurren en los comportamientos prohibidos. Conforme se advertirá, aquí se ponen de manifiesto, no sólo las dos funciones asignadas al Derecho penal, sino los vínculos de ésta con las funciones de la norma penal y con las funciones de la sanción penal.
Por último, se enuncia cuáles son esas funciones:
  • La de protección de la sociedad, de las personas, del orden social, económico y político, así como del régimen estatal, y salvaguardar la propiedad reconocida la Constitución y las leyes (función de protección).
  • La de promover la cabal observancia de los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la de contribuir a la formación en todos los ciudadanos de la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia socialista (función de motivación).
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La crisis del concepto de Ciencia del Derecho penal heredado del neokantismo es el rasgo más característico de la actual situación del conocimiento científico del Derecho penal. La causa directa de esta crisis se encuentra en la mutación que han sufrido las perspectivas desde las que debe considerarse el objeto del Derecho penal. No es que el objeto haya dejado de ser el Derecho penal, sino que se ha evitado la visión parcial a la que necesariamente lleva el considerarlo únicamente como conjunto de normas, y con el consiguiente abandono de las perspectivas institucional y social del Derecho1. Ni siquiera KELSEN llegó a mantener que el Derecho agota sus dimensiones ontológicas en un sistema de normas; incluso llega a afirmar que, desde un punto de vista dinámico, el Derecho en su momento de creación y aplicación, " pone el acento sobre la conducta humana a la cual se refieren las normas jurídicas". El conocimiento de la realidad jurídica no puede limitarse, en consecuencia, a la construcción de un universo conceptual en el que cada disposición legal ocupe un lugar preciso de contornos bien definidos. La norma jurídico-penal, cualquiera que sea el concepto que se maneje de ella, tiene vocación de trascendencia, está dirigida a dar respuesta a situaciones reales de conflicto.
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