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Derecho Procesal Civil

Ley y derecho subjetivo

La ley, en un sentido amplio, o derecho objetivo, es la manifestación de la voluntad colec­tiva dirigida a regular la actividad de los ciudadanos o de los órganos públicos. El fin que se propone esta voluntad, como el fin del Estado, es doble:

a) Proveer a la conservación de los sujetos jurídicos, así como a su organización política (Estado) y de los bienes que se consideran propios de ellos; y

b) Regular la atribución de los bienes de la vida a los sujetos jurídicos singulares. El Esta­do puede asumir por sí mismo la distribución de esos bienes, o limitarse a reconocer la actividad del individuo en cuanto se dirige a ellos y a tutelar sus resultados restringiendo la libertad de los demás. Pero, en todo caso, el reconocimiento por parte de la voluntad de la ley confiere una particular eficacia a la tendencia del particular hacia aquellos bienes.

Apoyándose, en efecto, sobre la voluntad de la ley, el sujeto jurídico aspira a la adquisición o conservación de aquellos bienes, aun por vía de coacción, lo que constituye el llamado dere­cho subjetivo, el cual puede definirse como la expectación de un bien de la vida garantiza­da por la voluntad de la ley.

SÍ se analiza la idea del derecho subjetivo, vemos que se resuelve en una voluntad concre­ta de la ley. Toda norma contenida en la ley es una voluntad general, abstracta, hipotética, con­dicionada a la verificación de determinados hechos, los cuales, por regla general, pueden produ­cirse de manera indefinida. Siempre que se verifica el hecho o el grupo de hechos previstos por la norma, se forma una voluntad concreta de la ley, ya que de la voluntad general y abstracta nace una voluntad particular que tiende a actuarse en el caso dado. Por tanto, a cada estipula­ción de compraventa corresponde la formación de una voluntad concreta de ley, en virtud de la cual un determinado comprador debe tener la cosa, y el vendedor debe recibir el precio. A todo acto ilícito corresponde la formación de una voluntad concreta de ley, por lo que aquella persona que recibió el daño debe ser resarcida. La muerte de todo individuo, combinada con la relación de parentesco entre el difunto y determinadas personas, o con una manifestación de última voluntad de aquél, hace nacer una voluntad concreta de ley, en virtud de la cual, los de­rechos expectantes del difunto pasan a los herederos. Si un cónyuge comete excesos o sevicia en daño de su cónyuge, origina una voluntad concreta de ley, en virtud de la cual el inocente podrá pedir la separación. Como se ve, todo derecho subjetivo no es sino una voluntad concreta de ley subjetivada, es decir, considerada desde el punto de vista de aquel que puede pedir su actuación.

Generalmente, la voluntad concreta de ley tiende a realizarse, en primer lugar, medíante la prestación que una persona está obligada a hacer a otra de tal suerte que al derecho de una parte corresponde una obligación de la otra. En los ejemplos citados, la voluntad concreta de ley por la cual el comprador debe recibir la cosa y el vendedor el precio, se realiza, en primer lugar, mediante la entrega que el vendedor está obligado a realizar y mediante el pago que el comprador está obligado a hacer. La voluntad concreta de ley por la cual cí perjudicado debe ser indemnizado se realiza mediante la obligación de resarcir del perjudicante. Pero en muchos de casos la voluntad concreta de la ley se realiza independientemente de la prestación y de la obligación de alguien. Ello ocurre en la transmisión de herencia o en la separación personal de los cónyuges. Cuando, por el contrario, la voluntad concreta de la ley debiera realizarse en pri­mer lugar mediante la prestación del obligado, si ésta falta, se lleva a cabo su realización me­diante el proceso. Esta observación aclarará, por una parte, la gran división de los derechos, y, por la otra, el concepto de la acción.

Relación jurídica
Cualquier derecho subjetivo presupone, corno su fuente o causa inmediata, una relación entre dos o más personas, regulada por la voluntad de la ley y creada por la realización de un hecho. Existen entre los hombres relaciones de diversa naturaleza: de amistad, de cortesía, de reli­gión, de negocios, etc. Cuando una relación está regulada por la voluntad de la ley, se llama re­lación jurídica, cuyo concepto es más amplio que el de derecho subjetivo, no tanto porque ex­presa, además de la posición de aquel a quien le corresponde un derecho, la de aquel que está sometido a este derecho (porque en realidad esta duplicidad de posiciones está contenida en la misma idea de derecho subjetivo), sino más bien porque la relación jurídica no se agota en un único derecho subjetivo de una parte y en el correspondiente sometimiento de la otra. La rela­ción jurídica es compleja, es decir, comprende más de un derecho subjetivo de una parte hacia la otra, frecuentemente una pluralidad de derechos recíprocos entre las partes, como en las rela­ciones de matrimonio, filiación, propiedad, usufructo, enfiteusis, compraventa, sociedad, arren­damiento, mandato, etc. Justamente por eso su mayor amplitud respecto al concepto de derecho subjetivo, y por esta unidad de causa o título respecto a los múltiples derechos que pueden deri­var de ella, el concepto de relación jurídica es fundamental en el estudio del proceso; las doc­trinas de la identificación de las acciones, de la prejudicialidad, de la cosa juzgada, de la recon­vención, de la competencia, nos presentan sus importantes aplicaciones. La denominación "relación jurídica" se encuentra en nuestras leyes civiles fundamentales designado con otras expresiones.

Las relaciones jurídicas se pueden dar tanto entre particulares como entre los particulares y el Estado. En primer lugar, el Estado puede allegarse los bienes que necesita para la actuación de sus fines, entrando en relaciones con el particular, de igual clase que las que se dan entre particulares [compraventas, préstamos, arrendamientos, etc.) Estas relaciones fueron desde muy pronto consideradas como jurídicas. La doctrina distinguió en el Estado dos personas: una que actúa como un particular [iure gestionis), otra, como una autoridad, ejerciendo el derecho de mandato (iure imperii). Con esta distinción se consiguió, hasta en los regímenes absolutos, so­meter el Estado al Derecho común y a los tribunales ordinarios respecto a una gran cantidad de relaciones. Pero en el Estado moderno constitucional, que aparece como la unidad organiza­da de todos los ciudadanos para fines de interés general, y en el cual los poderes públicos no son sino órganos de esta unidad, el sentimiento público ha conseguido poner la ley aun sobre el Estado, aunque éste sea su fuente, considerando como actividad regulada y vinculada por la ley también la actividad meramente pública. Este concepto fue favorecido por el principio de la división de poderes, que permite considerar de manera abstracta al Estado en diversos mo­mentos, en cuanto legisla y en cuanto actúa sus otros fines, fue desarrollado por la doctrina y formulado por las leyes, que reconocen expresamente relaciones jurídicas de derecho público entre el Estado y los particulares.

El mismo proceso, aunque tiene por objeto la relación jurídica entre las partes deducida en juicio por el actor, relación jurídica sustantiva, constituye a su vez, una relación jurídica de derecho público entre las partes y el órgano jurisdiccional, relación jurídica procesal, y las dos relaciones presentan continuas interferencias y contraposiciones en el proceso.

Sin embargo, no se puede creer que toda voluntad de ley que obliga a los órganos del Esta­do a hacer o no hacer alguna cosa sea de tal naturaleza que pueda ser invocada por el particular. Hay normas que regulan la actividad pública para conseguir un bien público, es decir, propio del conjunto de todos los ciudadanos, de la colectividad (tal es el interés de tener una buena administración, un buen ejército, buenas fortificaciones, la conservación de las carreteras públi­cas, etc.). De estas normas nacen derechos colectivos, o derechos cívicos generales, los cuales están difundidos en un número indeterminado de personas, y no se individualizan en ninguna de éstas, el particular no puede hacerlos valer, a menos que la ley le conceda convertirse en órgano de la colectividad. El particular, como tal, tiene un derecho hacia el Estado sólo cuando la ley que regula la actividad pública ha tenido en cuenta su interés personal inmediato, directo.

Cuando alguien pretende un bien de la vida fundamentando una voluntad concreta de ley que en realidad no existe, se forma entonces una voluntad concreta de ley en virtud de la cual tal pretensión debe ser considerada, declarada y tratada como falta de fundamento, lo que pue­de también expresarse diciendo que se forma una voluntad concreta negativa de la ley.

El proceso civil, formado por la demanda de una parte (actor) frente a otra [demandado), no sirve para hacer concreta la voluntad de la ley, puesto que esta voluntad fue formada con anterioridad al proceso, sino para declarar cuál es la voluntad concreta de la ley y para actuarla; ya sea la voluntad de la ley afirmada por el actor, la cual, si existe, es actuada con la admisión de la demanda o, en caso contrario, la voluntad negativa de la ley, la cual es actuada con la de­sestimación de la demanda.

Hechos jurídicos
La voluntad de la ley se concreta, es decir, da lugar a relaciones jurídicas, en virtud de hechos que se verifican. Igualmente, pueden modificarse o extinguirse las relaciones jurídicas.
Se llaman hechos jurídicos aquéllos acontecimientos de los cuales deriva la existencia, modificación o extinción de una voluntad concreta de ley; y como tales se distinguen de los sim¬ples hechos o motivos, que tienen importancia para el derecho sólo cuando sirven para probar la existencia de un hecho jurídico. Tenemos, pues, varias categorías de hechos jurídicos, cuya determinación es de gran importancia para el proceso, en particular para las teorías de la excepción, de los poderes del juez, de la carga de la prueba.

1. Hechos constitutivos Dan vida a una voluntad concreta de ley y a la expectativa de un bien por parte de alguien. Por ejemplo, un préstamo, una sucesión. Entran también en esta categoría los hechos constitutivos del interés en obrar.

2. Hechos extintivos Hacen cesar una voluntad concreta de ley y la consecuente ex¬pectativa de un bien. Por ejemplo, pago, remisión de deuda, pérdida de la cosa debida. Pueden ser connaturales al derecho o sucesivos sí un derecho se da para un cierto término y/o cumpli¬miento de obra como hecho extintivo connatural al derecho. Puede, sin embargo, sobrevenir un hecho nuevo y reforzar el hecho constitutivo (interrupción del término); y

3. Hechos impeditivos Las dos primeras categorías de hechos jurídicos están, en con¬traposición. También debe precisarse que al estudiar las condiciones o circunstancias de hecho que deben concurrir para que nazca un derecho, se ve que no todas tienen la misma importancia y que, aun siendo todas necesarias, no se hallan en el mismo plano- Sólo algunas quedan com¬prendidas en la categoría de hechos constitutivos, y son aquellas que tienen por función es¬pecífica dar vida a un derecho dado y que normalmente producen ese efecto. Sin embargo, para que estas circunstancias produzcan su efecto, deben concurrir otras cuya falta impide que las consecuencias de las primeras se produzca. A la categoría de los hechos constitutivos se contrapone, de esta manera, la de los hechos impeditivos.
Hecho impeditivo es aquel que por su propia naturaleza niega es decir, la falta de una de las circunstancias que deben concurrir con los hechos constitutivos para que éstos produzcan los efectos que les son propios y normales. No puede entenderse la categoría de los hechos impe¬ditivos sino considerando las circunstancias necesarias al surgir de un derecho, agrupadas en las dos categorías: causas eficientes [hechos constitutivos) y causas concurrentes [cuya falta implica la existencia de un hecho impeditivo).
En el mundo del derecho ocurre lo mismo que en los fenómenos de la vida física. Todo fenómeno es el efecto de causas eficientes y concurrentes. Así, el fenómeno de la penetración de la luz solar en una habitación tiene por causa eficiente el sol; pero para que obre esta causa es necesario que concurra otra circunstancia: que las ventanas dejen pasar la luz. Si las ventanas están cerradas, impedirá que el efecto del sol se produzca. Nadie puede asegurar que el fenó¬meno de la iluminación tenga por causa la ventana abierta; es un sofisma, de cavisa falsa, tomar por causa la exclusión del impedimento [Rosmini: Lógica).
Lo mismo pasa con los fenómenos jurídicos. Todo derecho nace gracias a determinadas cir¬cunstancias que tienen la función específica de dar vida justamente a aquel derecho; pero, para que produzcan el efecto que íes es propio, normal, deben concurrir otras circunstancias. El acuerdo de las partes de vender una determinada cosa por un precio dado es la circunstancia específica [hecho constitutivo) que produce la transmisión de la propiedad de una a otra parte; pero se requiere también que el acuerdo sea seriamente hecho; si es simulado, la transmisión de la propiedad no se produce. Una obligación fundada sobre causa ilícita no puede tener nin¬gún efecto, por tanto, la ilicitud de la causa impide el efecto normal de la obligación. La posesión de la cosa mueble en el vendedor es la condición específica [hecho constitutivo] para que el comprador adquiera su propiedad, aunque la cosa no fuera del vendedor, pero si el com¬prador obra con mala fe, este efecto no se produce; así, si la cosa ha sido perdida por el propie¬tario. Los casos de simulación, ilicitud, mala fe, calidad de cosa perdida, obran como hechos impeditivos del derecho; y también toda circunstancia que impida a un hecho producir el efec¬to que le es normal y que constituye su razón de existir.
Pero en los fenómenos jurídicos esta relación entre otras circunstancias concurrentes nece¬sarias para su existencia puede depender de un elemento que la hace relativa, y es el arbitrio del legislador. De tal modo que resulta una cuestión de difícil interpretación de la norma par¬ticular establecer si una circunstancia jurídica se considerará como hecho constitutivo o la cir¬cunstancia opuesta como hecho impeditivo. Por ejemplo, hay casos en los que la ley considera la buena fe como hecho constitutivo que ha de probarse por el actor, porque en estos casos la buena fe justifica la derogación de un principio general, mientras que en otros, la mala fe es considerada como hecho impeditivo, que debe probarse por el demandado, y aun hay veces que la mala fe aparece en la ley como hecho constitutivo, debiendo probar el actor que existe.
En todo caso, conviene recordar que tanto la presencia de los hechos constitutivos como la ausencia de los impeditivos son igualmente necesarias para la existencia del derecho. Pero la necesidad de una circunstancia en los hechos constitutivos o la circunstancia opuesta en los impeditivos tiene gran importancia práctica respecto a la repartición de la carga de la afirmación y de la carga de la prueba entre las partes.
Sin embargo, la ley, considerando que el hecho constitutivo normalmente produce el efecto que le es propio, quod plerumque accidít, se contenta con que quien afirme un derecho alegue y pruebe los hechos constitutivos de los cuales deriva, dejando que la otra parte alegue y pruebe los hechos impeditivos, es decir, la falta de las causas concurrentes, falta que impide al hecho constitutivo, en el caso concreto, producir el efecto que le es propio.

Material Adicional

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Bienes. Etimológicamente viene de Bonus. Cuando se habla de Bien hablamos de todas las cosas susceptibles de apropiación individual o colectiva (Art. 938 C. C. Estado. De Puebla ).
Para el Derecho Civil solo son Bienes las cosas que pueden ser objeto de apropiación individual o particular y colectiva; los Bienes Fiscales son los únicos de propiedad pública que estén en el comercio.
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