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Política Criminal

¿Qué es una Política Criminal Integral?
Una Política Criminal Integral es un conjunto muy amplio, complejo y diversificado de medidas y acciones desarrolladas bajo el impulso del estado pero con amplia participación comunitaria, tendiente a reducir, limitar y atenuar el delito en general, la violencia como base y todo ello promoviendo el ascenso social de la población y el desarrollo económico social del país.

¿Cómo se elabora una Política Criminal?
Primero hay que efectuar un diagnóstico por áreas de problemáticas y de instituciones y organizaciones sociales, no limitadas sólo al delito, aunque las cifras de éste son fundamentales.
El diagnóstico nos permitirá comparar la situación existente con una situación normal, que en este caso sería la ideal). De allí surgirán los pasos a seguir en la planificación y posterior ejecución de un plan, por ejemplo, un Plan Director de Política Criminal. La Política Criminal Integral procurará que el delincuente no pueda delinquir (Prevención Situacional), pero fundamentalmente procurará que el niño o joven, especialmente el marginal, no se convierta en delincuente; que otros no se hagan adictos a las drogas; que se reduzca la circulación ilegítima de armas de fuego, que se refuercen los sistemas educativos y recreativos para la niñez y la juventud; que se brinde apoyo a la familia de bajos recursos; que se organicen los barrios y las comunidades participativamente y que en cada zona creen esquicios de prevención en coordinación con la policía; que se involucren todos en recuperar el espacio urbano muchas veces “desertizado” por haber sido abandonado por los vecinos y copado por los delincuentes. Deben también ser objeto de análisis las instituciones vinculadas a la minoridad, frecuente “semillero” del delito adulto. Reestructurados integralmente los servicios penitenciarios (legislación, reglamentación, infraestructura, capacitación y selección del personal, metodología de tratamiento, etc.) y creados los postpenitenciarios para asegurar una adecuada reinserción social. Puestas en marcha medidas y sanciones penales no privativas de libertad para delitos menores pero con un tratamiento educativo y correctivo, modernizada la justicia, frecuentemente morosa e ineficiente, etc.

1. Política Criminal es una de aquellas locuciones en Derecho penal que tiene tantos
significados como autores que de manera seria aludan a ella. Esa diversidad de significados tiene su origen en la palabra “política” en la medida en que ella “es extraordinariamente amplia y abarca cualquier género de actividad directiva autónoma”, de ahí su gran capacidad de funcionalidad legitimante y configurativa. Entre más vaga sea una palabra en el sistema penal, entendiendo por sistema “la unidad de diversos conocimientos bajo una idea” o simplemente una serie de ideas sobre un determina objeto, será más funcional en la tarea configuradora, emprendida por el poder punitivo, del sistema penal.

2. De cara a lo anterior es necesario entonces delimitar qué se entiende por política, en orden a evitar en lo posible malos entendidos, y delimitada esa noción llevarla al área penal para comprender qué significa política criminal.

3. Cuando se alude a política ella viene unida la noción de poder no tanto porque sean lo mismo como por la estrec ha vinculación que existe entre ambas, incluso uno y otro término se utilizan como sinónimos. Como quiera que el presente escrito no es de ciencia política, donde si debe tratarse a fondo el tema, se omitirá realizar sutiles disquisiciones sobre el particular, siendo suficiente, para los fines de este escrito, entender por política como un conjunto de contenidos con una finalidad –intencionalidad-, finalidad ésta que puede tener un mayor o menor grado de claridad mientras que por poder se comprenderá la capacidad de imponer “algo”, sea de manera individual o colectiva, siguiendo así la forma de pensar de M. Weber (1864-1920) quien asevera que el poder es “la posibilidad de que una persona, o varias, realicen su propia voluntad en una acción en común, aún contra la oposición de otros participantes en la acción”

4. Así las cosas, no es incorrecto afirmar que mientras el poder es el ejercicio de un
contenido la política sería el contenido de ese ejercicio y en ese sentido la política procura, guiada por su finalidad, configurar. En consecuencia no debe ser extraño a la persona real, la política y mucho más si ella posee una dimensión tanto política como axiológica, por medio de las cuales busca configurar, respetando el ontos –la realidad- del fenómeno que valora, la forma de comprenderse ella y las demás cosas que le rodean, sean o no creadas por ella y de otro.

5. Ese poder, entendido como ya se acotó, puede ser ejercido de manera directa, un ejemplo del mismo es el desplegado por el poder punitivo, el mismo será configurador y de suyo carece de legitimación, al menos, racional. Así mismo el poder puede ser ejercitado de manera indirecta o discursiva, tal poder es el desplegado por los juristas, en especial por la agencia judicial –jueces y demás personas que la componen-, el poder en mención será preferentemente legitimador –aunque puede adoptar una postura negativa: deslegitimador, la cual es minoritaria- y se ejerce, preferentemente, sobre pautas racionales. Es posible que ambos poderes se radiquen en un mismo o diferente grupo de personas. Cuando el poder directo y discursivo se halla en un mismo grupo de personas, lo cual era lo común en ataño, el producto de aquel –poder directo- puede ser racional y legitimo siendo el poder discursivo simplemente un modo de corroborar esa racionalidad. Pero cuando ambos poderes, regla general hoy en día, se hallan en grupos diferentes el producto de poder directo será irracional y requerirá del discursivo para ser revestido de racionalidad. El discurso que materializa el poder indirecto, puede ser verdadero o falso, dependiendo de sus fundamentos, ello es, si el discurso se halla alejado de la realidad –mundo real-.
En ese sentido es posible aseverar que hay discursos falsos en tanto que al utilizar postulados idealistas, proceden a crear la realidad social sobre la cual cimentarse un claro ejemplo de tales discursos son los propuestos desde los países de la periferia para “legitimar” el producto irracional del poder punitivo.

6. De cara a lo antes expresado, ya es posible presentar a la política como configuración, mediante una serie de pautas, de un determinado sector de la realidad, para la obtención de un fin previamente establecido. Esa tarea de configurar puede estar fundamentada en posturas realistas o idealistas, brindando cada una de esas posturas una manera –método- diferente de configuración, e incluso un resultado diferente18. La adopción de una u otra postura depende del fin previamente establecido: el fin determina el camino a seguir no al contrario.
Ya, entonces, es posible diferenciar entre “el qué” de la política –contenidos con una finalidad, intencionalidad o sentido para un ejercicio de poder- con el cómo y el para qué se orienta esa finalidad. No está de menos, indicar que la política –contenidos con finalidad- y su ejercicio –poderson en mayor o menor grado irracionales, pero de todos modos irracionales, al menos para centro y sur América, en tanto que, en dicha zona, desde una postura realista, responden, tanto la política como el poder, a los intereses caprichosos de unos pocos –y son unos pocos los que lo ejercitan el poder- y mucho más en materia penal. Sea de aclarar, que no se requiere simpatizar con posturas partidistas de izquierda para llegar a la anterior conclusión basta simplemente llenar de datos de la realidad la forma de concebir a los países de la periferia –centro y sur América en especial-.

7. En consecuencia, ya es puede comprender por qué se habla de una política en salud para denotar esa serie de pautas para obtener, por ejemplo, la mejor higiene de una comunidad determinada o para la obtención de una determinada adhesión partidista, también es dable aludir a una política del tráfico vehicular, de una política educativa, de una política partidista.

8. No puede escaparse a todo lo expuesto, la justicia –el Derecho19-, de ahí que se aluda a una política jurídica, denotándose la configuración de la justicia (el Derecho) –desde su creación, aplicación, ejecución y postejecución en materia penal- en y para una sociedad determinada con una problemática sociocultural propia. Aunque obvio, esa configuración de la política jurídica, como cualquier otra configuración, siempre se hallará dotada de una intencionalidad –de un sentido-, que vendrá dada por sus autores.

9. Al interior de la justicia se halla la política criminal, la cual tiene como cometido la
configuración del sistema penal, es decir, el por qué y el para qué de la creación, aplicación y ejecución –incluyendo aquí la postejecución- de ese sistema. En consecuencia, la política criminal sería la configuración del sistema penal con una determinada intencionalidad, que viene dada por el poder punitivo. Por ello se afirma que: “El derecho penal es lo que la política criminal ha querido hacer de él (Zipf). Cada Derecho penal es la realización de una determinada orientación político criminal”21 y luego se continua diciendo: “cada política criminal desemboca en un cierto destilo de derecho penal. Qué clase de derecho penal hacemos no es cosa que depende del derecho penal mismo sino de la política criminal en que se inspira o en que la apoyamos. 11. Para terminar de realizar la presente aproximación a la política criminal debe diferenciarse dos puntos: El primero, que se halla conformado por la pregunta y la respuesta sobre el sentido y alcance –el qué- de la política criminal, y el segundo, que lo integran el cuestionamiento y su respuesta sobre el “el cómo”, “el para” y “el por qué” de esa configuración. El primer punto viene respondido por la idea de configuración del sistema penal mientras el segundo, si bien se interrelaciona con el primer punto sin perder su autonomía, se responde con la noción de funcionalidad –utilidad- de esa configuración. Las conceptualizaciones de la política criminal no se detienen en ese punto: ella es configuración de un sistema penal, configuración orientada por una intencionalidad, por un sentido y por ello, en no pocos casos se omite hacer énfasis en la funcionalidad de la configuración del sistema penal o, lo que es lo mismo, en la funcionalidad de la política criminal, entendiendo por funcionalidad, se reitera, “la relación entre conceptos jurídicos y sus efectos sobre el poder punitivo”25 o, simplemente, “efecto político de los conceptos jurídico-penales” De lo escrito en precedencia, se puede observa como la política criminal es la que construye –delimita- el sistema penal y al interior de éste la política penal configura el derecho penal. De la anterior afirmación, fácilmente se colige que es el poder directo – donde se halla el punitivo- quien construye el sistema penal –donde se halla el Derecho penal-. Por consiguiente, quienes se hallan por fuera del poder punitivo como los juristas, no pueden pret ender que mediante sus discurso se configure el sistema penal o al menos el Derecho penal, uno y otro le son dados al juristas, éste o busca legitimarlo –postura mayoritaria- o deslegitimarlo y limitarlo –postura minoritaria-, obviamente mediante un poder pero él ya no es directo sino persuasivo –discursivo o indirecto-.

12. En un verdadero y no simplemente simbólico Estado de Derecho Constitucional, los anteriores interrogantes deben estar condicionados por el sistema constitucional asumido, ello es, las respuestas a los antes citados cuestionamientos deben dimanar de la constitución, así como de los tratados internacionales, por el contrario en Estados de Policía -donde deben incluirse los Estados de Derecho Constitucional simbólico por cuanto ellos son materialmente de policía- los ya citados interrogantes habrán de surgir, materialmente, de la constitución sino de conceptos tales como el “sano sentimiento popular” o similares, que se caracterizan por ser difusos y por lo tanto sumamente útiles – funcionales- para los fines del poder punitivo.

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