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Derecho Procesal Penal Tomo II

Otro de los sujetos esenciales del proceso penal es el órgano que tiene el poder de ejercitar la acción, haciendo valer la pretensión penal derivada de la afirmación de un delito. Este órgano puede ser piiblico o privado, y en el proceso se ubica en posición de parte persecutoria en su concepción formal, en contradicción con el imputado y firente al tribunal. Genéricamente es conocido con el nombre de acusador, aunque pueda darse el caso de que en un proceso incompleto (truncado) no formule acusación o que en el juicio concluya desincriminadoramente (pedido de absolución).
Es tradicional el nombre de "acusador" para este sujeto del proceso penal; pero ese nombre no representa actualmente con exactitud el íntegro contenido de su actividad cuando se trata de un funcionario público. Responde, sí, plenamente cuando se personifica en un individuo, ciudadano o particular, y así es como toma su origen en la accusatio romana y se conserva durante el régimen inquisitivo cuando el proceso se iniciaba per accusationem. De allí se transmitió a los códigos modernos, aunque se tratara de un órgano oficial.
Esta observación ha conducido a buscar denominaciones más comprensivas. Se ha hablado de "órgano requirente", captando con ello al acusador privado, o de "querellante" privatizando de esa manera al funcionario público. También se lo ha denominado "actor penal" por extensión del concepto sustancial de parte del proceso civil. Nosotros consideramos muy expresiva la denominación tradicional, y nos parece accesible adecuarla aun al Ministerio Fiscal. Con todo, para evitar que se confunda el órgano con su personificación en el proceso cuando no se trata del particular, preferimos darle el nombre de órgano de la acusación, el que puede tener diversas manifestaciones, como veremos enseguida. Además, en la actualidad, el mismo se adecúa con mayor precisión y es congruente con la tendencia predominante entre nosotros hacia la acentuación del método acusatorio, donde los roles partivos se asumen en plenitud en la relación procesal, siendo por consiguiente la característica más significativa del Ministerio Público Fiscal la de ser el titular del ejercicio del poder de acción como órgano de la acusación.
311. En los comienzos de la práctica del procedimiento penal estaban confundidos los intereses afectados por las consecuencias penales y civiles del hecho incriminado, y la existencia práctica de éstas quedaba relegada a la voluntad del ofendido. De aquí que originariamente sólo pudiera ser acusador quien se titulara lesionado por el hecho a juzgarse, sin que la autoridad pudiera suplir su inercia.
Es la manifestación del llamado proceso penal privado de los germanos y que aún tiene manifestaciones residuales en los procesos por delitos perseguibles por acción de ejercicio privado (art. 73, Cód, Pen.). Por regla sólo el ofendido puede querellar en estos casos, con total exclusión del Ministerio Fiscal. Tal concepción es reivindicada por algunos como una de las vías a seguir a fin de humanizar y democratizar el proceso penal, revirtiendo de ese modo el camino iniciado con el surgimiento y consolidación del Estado moderno de expropiar los conflictos penales a sus protagonistas.
Es también el origen del querellante particular en cuanto acusador conjunto o subsidiario del Ministerio Fiscal. Este sistema subsiste aún en nuestros días no obstante las duras críticas que se le han hecho, en algunos aspectos infundadas. Ambos querellantes serán analizados con amplitud en número separado. Desde ya cabe destacar que la tendencia predominante en la actualidad, tanto en el plano legislativo como en el doctrinario, es la de incorporar al querellante en los delitos de acción pública como una forma de satisfacer el anhelo de dar mayor partidpación a la ciudadanía en la persecución penal y de contribuir a la efícacía de los órganos estatales en la lucha contra la delincuencia, 312. Una vez alcanzado en Grecia y Roma el carácter público del derecho penal, se distinguen los delitos en privados y públicos en consideración al interés comprometido. Esto hizo que el órgano privado de la acusación se mantenga para los primeros, pero con respecto a los segundos el sistema se orientó por la idea de cuerpo social que se cristalizó y perfeccionó con la accusatio. La trascendencia social del hecho permite ampliar el concepto extendiendo la condición de órgano de la acusación a todos los ciudadanos que reúnan determinadas condiciones; entre ellos al ofendido pero sin preferencia alguna. Se trata de un órgano popular para la acusación, resultante del sistema de acción pública popular.
Este órgano popular, que surgió del fondo mismo de las democracias puras, tiene larga tradición. Hasta hace poco tuvo vigencia plena en Inglaterra no obstante habérselo flanqueado por cortapisas estatales cuya amplitud concluyó por sepultarlo. Otros países lo receptan tímidamente y por lo general combinado con otro sistema. En la Argentina ha tenido efímeras manifestaciones en leyes de imprenta o electorales, pero sin resultado satisfactorio. No obstante, en la actualidad, han comenzado a hacerse oír opiniones en el sentido de ver como factible y conveniente su recepción, al menos en ciertos delitos contra la administración pública, la hacienda pública o de corrupción organizada, dada la característica macrosocial del bien jurídico afectado y la necesidad
de comprometer en su investigación y castigo a la ciudadanía, no sólo al sector del funcionariado estatal vinculado a la administración de justicia, que en muchos casos hasta ha sido sospechado de participar en las maniobras ilícitas o de ser deliberadamente negligente por temor u otras razones similares que en definitiva han favorecido y favorecen la impunidad de los delincuentes. Este régimen considera a cada ciudadano como una céhila del todo social que recibe la ofensa, por lo cual puede reaccionar ante ella. Los argumentos más modernos son sólo de temple político. Lo cierto es que este acusador no hace valer un interés de justicia sino un interés social que no siempre coincide con aquél.

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un estado de hecho, no de organización jurídica. Por otra parte, en el sistema puro la acusación resulta disponible ante la imposibilidad de imponerla a los ciudadanos, lo que está en contra del sentido actual de la persecución penal.
El sistema inglés se extendió tímidamente a Irlanda, Escocia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, pero lo ha sofocado el sistema estatal.
En España se lo recepta juntamente con este último y se lo practica muy reducidamente. Nuestro Código Penal de 1886 lo instituyó en forma general, siendo derogado por el Código de 1922, pero permaneció en la ley nacional 8871 de 1912 (art. 9*>), y fue conservado en las leyes de elecciones nacionales y enrolamiento. En la práctica no tuvo vigencia efectiva.
313. El sistema inquisitivo de la Edad Media instituye el procedimiento ex ojftcioi desplazando el principio acusatorio en forma casi total, lo que en cierta medida es captado por nuestra legislación antigua y algunos códigos modernos. Durante ese régimen se fortifica el Ministerio Fiscal instituyéndose en la poderosa mano de la monarquía.
La Revolución Francesa dio por tierra con ese sistema absolutista, instituyendo un régimen acusatorio y popular trasladado de Inglaterra.
La transformación completa no perduró, y el Ministerio Fiscal fue restituido, ya decididamente como acusador público, que es fortificado por el Código de 1808 y a través de él extendido a toda Europa continental.
De allí pasa a América latina.
La generalidad de los países de origen latino y germano han instituido el órgano oficial de la acusación. Pocos son los que lo hacen en escasa medida, como también son pocos los que lo receptan como sistema único, aunque ésa sea la tendencia actual. Se advierten excepciones
en las que se lo excluye, como los casos que se conocen como de delitos perseguibles por acción de ejercicio privado. En la actualidad, una próxima revisión del Código Penal en su parte general llevará seguramente a una modificación de lo estatuido en los artículos 71 a 76, al menos en lo relativo a qué delitos serían susceptibles de persecución previa denuncia condicionante y por acción de ejercicio privado.
Lo más común es que se lo recepte en forma combinada con otro de los sistemas, como ocurre ahora aún en Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, y como se ha dicho que se legisla en España, Entre nosotros, en sus comienzos fiíe universal instituirlo en forma conjunta con el querellante particular, pero la legislación moderna casi unánimemente lo ha suprimido, aunque en la actualidad tal tendencia se ha revertido para dar paso a una recepción legislativa generalizada, tanto en el orden provincial como nacional, de inclusión del mismo a fin de dar posibilidad de intervención a los damnificados por la actividad delictiva junto al órgano estatal de la acusación, quien se ha visto muchas veces sobrepasado en su aptitud de respuesta y ha dado muestras significativas de ineficacia, sin entonces justificarse esa supresión del querellante entre los sujetos del proceso,

314, El sistema de órgano profesional de acusación es sumamente reducido en la ley y en la práctica, Excepcionalmente se otorgan atribuciones a agrupaciones profesionales sindicadas por la ley para acusar ante los tribunales penales en caso de delitos que las afectan particularmente. Acusa un representante de ellas, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Fiscal. Es resultado del régimen sindicalista que progresa en los Estados modernos. El acusador profesional sólo mira el interés interno del gremio, sin posibilidad de trascender a los intereses públicos, y esto lo diferencia de las asociaciones inglesas formadas para la persecución penal.
Más se aproximan al acusador particular que al público, y no han faltado tentativas dirigidas a trasladar a los tribunales del fuero laboral la represión de los delitos que afecten los intereses sindicales de las organizaciones de trabajadores. Esto muestra lo absurdo del sistema de acusación profesional. Fue instituido en Francia en 1884, sin excluir al Ministerio Fiscal, y se ha dicho que aquí en realidad los sindicatos ejercitaban una acción civil sm generís. Sin embargo, la jurisprudencia ha ido dando a los sindicatos mayor injerencia para reemplazar la inactividad
del Ministerio Fiscal en los delitos que los perjudicaban. Es importante el trámite preparatorio previo que efectúa el sindicato con el auxilio de oficinas administrativas para lo laboral.
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