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Delito de Violación

Desde antiguo, el delito de violación, considerado aberrante sin retaceos y en forma unánime, fue objeto de un repudio que compendiaba todos los sentimientos de una sociedad herida por el atavismo de seres cuya irracionalidad desplaza cualquier atisbo de normalidad.
A lo largo de la historia, se proveyeron medidas que convalidaban, por su dureza, la repulsa referenciada.
Originariamente, la violación aparecía como hecho circunstancial, siendo sus autores sometidos a graves penas, incluso la de muerte, rigorismo que se reclamaba en resguardo de una sociedad sacudida regularmente por este grave delito.
Las legislaciones y, en su defecto, la costumbre aceptaron como regla la implantación de la pena de muerte, que debía adoptarse cuando las pruebas resultaran irrefutables e incontrastables para la autoridad encargada de su ejecución. Nadie duda de que el régimen imperante motivaría el abuso, sirviendo como presupuesto válido para involucrar hechos y personas prescindentes del ilícito. Abstracción hecha de ello, estas medidas ejemplificadoras contribuyeron en los inicios a minorar la entidad cuantitativa del quehacer criminoso, pero no significó ello ni mucho menos la erradicación de la figura.
No se descarta, sin embargo, que el rigorismo de la pena hiciere desistir del propósito violatorio a muchos de aquellos que elaboraran el planteo destinado a su concreción.

TUTELA DE LA LIBERTAD SEXUAL

Para que la violación se evidencie, la conducta del autor debe reunir las exigencias de la ley, promoviendo la transgresión de un bien que la ley protege específicamente
1: la libertad sexual. Resultaría restrictivo y con los visos propios de ilegalidad constreñir a una persona a someterse contra su voluntad a las pretensiones de un tercero sin señalarse penalización para tal actividad. Por otra parte, la opción o la elección misma quedan a cargo de la propia persona, quien decidirá sin condicionamientos sobre el uso de aquella libertad sexual, pudiendo consentir con el acceso carnal o bien prescindir de él, si así lo sintiere o quisiere. Su libertad no está condicionada ni pueden imponérsele pautas que la orienten en un sentido determinado. La intimidación sobre la víctima debe contemplar el efecto psicológico sobre ella, pudiendo presentarse la amenaza mediante palabras, señales o actos en forma oral o por mímica, de manera que afecten la capacidad de elección del sujeto, coartando su libertad.
Esa libertad es el bien jurídico protegido y cualquier ataque o menoscabo a esa libertad no puede quedar liberado de sanción; y en el evento de producirse la concreción de la violación, en mengua de sus propios designios, esa actitud del autor no puede asimilarse a impunidad, muy por el contrario, debe castigarse con una pena cuya severidad y rigorismo dependan de las características o particularidades del hecho; y si esa violación asume peculiares desproporciones que atacan a la esencia de la libertad misma, y donde la propia sociedad aparece comprometida, no cabe sino responder con la imposición de una pena, que sea réplica de la conducta aberrante. Es indudable que debe mediar en el evento la certeza de una consumación carnal, que caracteriza el acto de la violación. Es prioritario el encasillamiento de la conducta del agentecomo generadora de violación, pues si ésta no puede determinarse fehaciente y concluyentcmente, no se habrá producido el ataque al bien jurídico, del modo expuesto precedentemente; podrá inferirse la existencia de otro delito, pero no se podrá colegir que se ha concretado la violación.

LA LIBERTAD SEXUAL Y EL DELITO DE VIOLACIÓN

Los bienes jurídicos que atañen a derechos y, por sobre todo, a la esencia de la persona son merecedores de una tutela que deviene tal por ser inherente al individuo. Ante la posibilidad de la transgresión, o de ella misma, la ley debe acudir con la cabal noción de amparo ante la erosión que provoca el acto de tercero, vulnerando la legitimidad de su ejercicio por parte de quien lo detenta, no por concesión graciosa, sino por el régimen legal que así lo acuerde.Y entre esos bienes jurídicos que la ley protege, la trascendenciay entidad de la libertad debe merecer especial atención; pero dentro de esta concepción genérica del vocablo caben múltiples apreciaciones interpretativas para determinar o individualizar el objeto sobre el cual recae esa libertad y su ejercicio, y sin hesitaciones puede concluirse que la consideración de la libertad sexual debe merecer un particularísimo examen, y su referencia se hace indispensable ante el supuesto de violación, sea ésta consumada o se trate de tentativa, por los valores en juego se advierte que ese tutelaje debe serirrestricto, sin admisión de excepciones que posibiliten la impunidad para su autor. Estas conductas atípicas se rotulan trangresoras del orden y atentan contra el bien jurídico protegido, porque conllevan la nota de violencia o amenaza caracterizadora de la violación, ya que se procura el yacimiento con abstracción de toda conformidad de la víctima y con oposición cierta, seria y constante de la mujer cuando se ejercita violencia física o con una forzada y extorsiva aquiescencia cuando se practica con amenazas o intimidación.

DESNATURALIZACIÓN DEL BIEN JURÍDICO
L a transgresión provocada por la violación tiene su incidencia en la libertad erosionada por tal actividad, con lo que el bien jurídico tutelado se circunscribe específicamente a la libertad individual para optar por quien se decide compartir la actividad sexual, a despecho de cualquier imposición. Esta libertad sexual está asegurando su capacidad de elección no sujeta a ninguna influencia imperativa que subordine la voluntad de la víctima a la autoridad de quien despliegue fuerza física o moral. La violación guarda una relación de causalidad con la libertad que ha sido coartada; cuando el acceso carnal no ha llegado y no podrá incriminarse bajo tal rótulo; puede darse contingentemente otro hecho delictivo, pero no el de violación.
No obstante corresponde condenar al procesado por el delito de tentativa de violación, si no está comprobado el hecho del acceso carnal.
Cuando se ha minorado la libertad sexual, cuando efectivamente se ha consumado el delito de violación, se ha atacado en sus bases al bien jurídico que la ley se ha empeñado en preservar. Cuando ello suceda habrá llegado el momento de observar las distintas circunstancias conformativas del quehacer, para poder así ajustar la pena a la real actividad del agente.
En ocasiones pueden suscitarse circunstancias que atenúen el rigor de la sanción; ello sucede cuando el discernimiento de la víctima es habilitante para sopesar las consecuencias del acto, siendo ella, la víctima, la que asume la iniciativa para que se produzca el acceso carnal. Tal conformidad está indicando la complacencia, poniendo en duda la aplicabilidad de pena. Todo ha de depender de las condiciones físicas, psíquicas y morales de la víctima; cuando éstas se encuentran trascendidas y se ha captado espontáneamente la voluntad del sujeto pasivo, no cabe hablar ya de violencia en ninguna de sus manifestaciones. Aquí el bien jurídico tutelado -la libertad sexual- no ha sido objeto de planteos; la libertad no fue coartada ni constreñida la víctima a la actividad sexual; súmese a ello el discernimiento de que goza el sujeto y se tendrá un cuadro aproximado de la realidad, imponiéndose, por análisis de objetividad, la dispensa de pena en beneficio del autor.
Aun serían discutibles las consecuencias que pudieran generarse en la víctima, dada la implícita conformidad para el acto. Nadie se interpuso en el ejercicio de su libertad sexual, y aun acaeciendo la muerte en razón de ella, no podrá parangonarse el hecho como violación, por mediar circunstancias que hacen concluir que el bien jurídico tutelado no ha sufrido menoscabo. Claro está que si la víctima fuera un menor, el autor no se exime de su grave responsabilidad.
Y no se trata de conceptos novedosos, sino de ideas de viejo cuño y que merecieran la atención de los juristas de todas las épocas; siempre la violencia carnal, en cualquiera de sus formas, mereció la repulsa generalizada y pena grave, aunque la consideración de los atenuantes no pueda ser descartada en atención a una correcta justicia distributiva o retributiva. La coerción moral vicia la voluntad e imposibilita su ejercicio, y la víctima no puede oponer resistencia por la neutralización operada. Esa coacción es el antecedente de la posterior violación y el agente no puede argumentar que el bien jurídico permanece incólumne; lo ha quebrantado con su actividad marginal, no cabiendo sino una sanción rigurosa.
Al proteger la libertad sexual como bien jurídico se hace abstracción de las condiciones particulares de cada acto, sin especificar de qué situación puede tratarse; de allí también que el ataque pudo haberse concretado o quedar en grado de tentativa.
Las posibilidades relacionadas con el bien jurídico pueden ser varias, y varias por ende las soluciones; se trate ya de personas normales o no; se considere si fuere menor o mayor, o si sobreviniere la muerte como consecuencia de la acción violatoria.
Si la víctima es persona mayor y fue forzada, impelida al acto, es de toda justicia hacerle acceder a la pena propiciada, si bien deben analizarse los pormenores del caso particular. Si se trata de menor de edad es indudable que la severidad de la pena debe ser concluyente; si a ello sucede la muerte de la víctima la aplicación de la pena no admite dudas.
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