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Garantías Constitucionales

Dentro de nuestra organización judicial suele atribuírsele a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la misión de velar por la observancia de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Inclusive el propio Alto Tribunal se ha autotítulado, en algunas oportunidades,
"el supremo custodio de las garantías individuales"^.
La vía para que la Corte lleve a cabo esa fundamental misión, es sabido, está representada en la actualidad por el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48. Sería injusto decir que la Corte ha renunciado a cumplir esa tarea. Sin embargo, es cierto que al hacerlo ha ido forjando una doctrina que, al menos en el campo de las garantías del procedimiento penal, resulta de difícil sistematización. Por un lado, es indudable que el Alto Tribunal ha debido ajustar su tarea a las normas que le fijan su competencia. Así, limitaciones tales como que el pronunciamiento sujeto a su revisión debe constituir una "sentencia definitiva"^, ciertamente han conducido a la exclusión de su ámbito de conocimiento, y con las excepciones que veremos más adelante, de aquellas decisiones de tribunales inferiores no encuadrables dentro de tal requisito.
Por otro lado, la Corte se ha preocupado constantemente por separar de la esfera de su jurisdicción las llamadas "cuestiones procesales", o "cuestiones de hecho, prueba y derecho común". Así, toda vez que aquélla ha entendido detectar una situación de este tipo, ha declarado, casi automáticamente, su incompetencia para revisar pronunciamientos de tribunales inferiores.
Sin embargo, tal como se verá más adelante, el Alto Tribunal ha sido en algunas oportunidades muy poco claro en este tema, y en otras ha arribado a conclusiones que considero, como mínimo, preocupantes.
A continuación mencionaré algunas decisiones ilustrativas de estos principios. Ellas aparecerán, de todas maneras, frecuentemente como telón de fondo de muchos
de los casos que analizaré en los capítulos sucesivos.

EL REQ VISITO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA
Es sabido que para la investigación y decisión de una gran cantidad de causas penales nuestro sistema procesal se divide en dos etapas: la primera denominada "sumario" y la segunda "plenario". También es sabido que, durante la primera etapa, la investigación de un
delito se encuentra confiada a un funcionario judicial, llamado Juez de Instrucción^. Dentro de las atribuciones que le acuerdan las distintas normas procesales este funcionario puede tomar, y de hecho toma, diversas decisiones que podrían considerarse como restrictivas
de garantías individuales. Ahora bien, cuando los afectados por ellas han intentado la inmediata revisión de tales decisiones, han chocado, la mayoría de las veces, con la barrera de la falta de sentencia definitiva.

EXCEPCIONES AL RECAUDO DE SENTENCIA DEFINITIVA
A continuación veremos los principales supuestos en que la Corte ha dejado de lado el recaudo de sentencia definitiva.
3.1. Casos de restricción al derecho de defensa El requisito de la sentencia definitiva, sin embargo, ha sido dejado de lado por la Corte en numerosas oportunidades.
En esos casos el Alto Tribunal se ha valido de un criterio similar al enunciado en el caso "Ojeda", Fallos-CSJN, 300:857.
Allí, el defensor del procesado había presentado el escrito de defensa al día siguiente del vencimiento, en las dos primeras horas hábiles. Basándose en la inexistencia de este plazo de gracia en procesos penales, el Juzgado mandó devolver el escrito al presentante, separar
al defensor de su cargo y dar intervención al defensor oficial. La Cámara confirmó.
Interpuesto recurso extraordinario en contra de esa decisión, fue declarado procedente por la Corte. En efecto, el requisito de la sentencia definitiva fue salvado por entenderse que la resolución en recurso importaba "una indebida restricción al derecho de defensa,
de difícil o tardía reparación ulterior, particularmente cuando se trata de procesos penales".

Auto de prisión preventiva
equiparable a sentencia definitiva Si bien la jurisprudencia dominante de la Corte es que el auto de prisión preventiva no es equiparable a sentencia definitiva, algunos casos recientes han admitido excepciones a ese principio en circunstancias especiales. Una de esas circunstancias especiales estuvo presente, según la Corte, en el caso "Gundín", JA,
1991-III-518. Allí el procesado había planteado la inconstitucionalidad del decreto 6582/58 (régimen penal de robo a automotores), sobre cuya base se decretara su prisión preventiva. La alta penalidad consagrada en el mencionado régimen, además, era obstativa del beneficio
de la excarcelación. Una mayoría de la Corte de seis votos consideró en esas condiciones al auto de prisión preventiva como equiparable a sentencia definitiva.La Corte entendió que cabía hacer excepción al recaudo de sentencia definitiva cuando la prisión preventiva
se dicta "sobre la base de una disposición tachada de inconstitucional, o sobre la base de una interpretación de normas federales que se reputa errada, y la calificación jurídica de los hechos impide la excarcelación del imputado". En ese caso, concluyó la Corte, "no existe otro modo de resguardar inmediatamente la libertad durante el proceso sino es admitiendo la procedencia formal del recurso extraordinario contra aquélla"

Casos varios
Un caso más reciente donde se obvió también el recaudo de sentencia definitiva es "Hercovich de Perel, Ana s/denuncia", JA, ejemplar del 23/6/93, p. 20 (con comentario crítico de Miguel A. Almeyra). Allí el Juez de Instrucción había ordenado la clausura del sumario sin admitir el procesamiento de otro imputado, según lo requiriera el querellante. En su apelación contra esa resolución el acusador particular puntualizó una serie de indicios que, en su interpretación, justificaban la inclusión de ese otro imputado dentro del proceso. La Cámara, sin pronunciarse específicamente sobre la relevancia de dichos indicios, confirmó la decisión que disponía la clausura del sumario sosteniendo que ella "se hallaba ajustada a derecho y a las constancias del expediente".
El querellante interpuso contra esa decisión recurso extraordinario, y ante su denegatoria, la pertinente queja.
La Corte hizo lugar al recurso. Indicó así que "la resolución recurrida, en cuanto impide la posibilidad de que se procese (a otro imputado) por los hechos que se investigan en la causa, ocasiona un perjuicio insusceptible de reparación ulterior que equipara el auto a sentencia definitiva, en los términos del art. 14, ley 48" (ver consid. 5-y sus citas). Luego de ello, con invocación de la doctrina de arbitrariedad de sentencias, la Corte dejó sin efecto la resolución recurrida.
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