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El Plazo Razonable en el Proceso del Estado de Derecho

Plazo razonable es la expresión más significativa que utiliza la dogmática de los derechos fundanientales para regular la prerrogativa del imputado a que su proceso termine tan pronto como sea posible. Esta redacción proviene del art. 6.1 del Convenio Europeo sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (CEDH), suscrito en Roma en 1950, y es reproducida literalmente por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), firmada en San José de Costa Rica en 19691. Algunos catálogos de derechos fundamentales recurren a otra fórmula, el derecho del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas o injustificadas (así el art. XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [DADDH], de Bogotá, 1948, el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCP], de 1966, y la Constitución española de 1978, art. 24.2). Asimismo, la Enmienda Sexta de la Constitución de los EE.UU. otorga el derecho a un "juicio rápido" y la Corte Suprema argentina ha señalado que la Coñstitiición Nacional contiene, implícitamente y como derivación del principio de defensa, el derecho del imputado a obtener, del modo más rápido posible, un pronunciamiento definitivo sobre su situación fi-ente a la ley pcnaF. Todas estas fórmulas remiten a una misma configuración del derecho fundamental en análisis y tienen los mismos alcances: el imputado goza de un derecho constitucional subjetivo^ según el cual su proceso debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un enjuiciamiento expeditivo. Por ello, las distintas formulaciones de este derecho fundamental son indistintas: "por derecho a un proceso 'sin dilaciones indebidas' no cabe entender concepto diferente al de que la causa sea oída 'dentro de un plazo razonable'"''. Así pues, también en este trabajo serán utilizadas como equivalentes y referidas al mismo derecho fundamental las expresiones derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas o derecho a un juicio rápido. Sin embargo, el estudio se concentrará por momentos en.la fórmula del plazo razonable —y así ya en el título de este trabajo— porque es la de mejor factura técnica y la que permite conocer mejor los alcances precisos de este derecho fundamental y las garantías que de él se derivan en forma de consecuencias jurídicas necesarias para asegurar su vigencia efectiva. Esta investigación está dedicada, entonces, al estudio dogmático del derecho fundamental del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es decir, a proponer una interpretación del significado, de los alcances y de las consecuencias jurídicas de ese derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin perjuicio de que también se lo mencione como derecho al juicio rápido, a un proceso sin dilaciones indebidas, o, que, directamente, se haga referencia a su antónimo, la excesiva duración del proceso penal, pues esto último es lo que se quiere evitar, en cuanto perjudica al imputado, con el plazo razonable como derecho fundamental, sin perjuicio de que la situación afecte también el interés público en la realización del derecho sustantivo a través de procedimientos eficaces también temporalmente. Relevancia de la cuestión para el derecho procesal penal Las quejas por la lentitud de la justicia no son nuevas^. "La excesiva duración de los litigios constituye uno de los mayores y más viejos males de la administración de justicia"''. Ya en la recopilación de JuSTiNLANO se recoge una constitución en la que se toman medidas "a fin de que los litigios no se hagan casi interminables y excedan de la duración de la vida de los hombres"'. Las leyes romanas posteriores a esa constitución establecieron un plazo preciso para la duración del proceso penal, disponiendo CONSTANTINO que empezara a contarse con la litiscontestación y que fuera de un año, plazo que, precisamente el propio JUSTINIANO elevó a dos8. En la Magna Charta Libertatum de 1215 el rey inglés se comprometía a no denegar ni retardar derecho y justicia^. En el mismo siglo, ALFONSO X, el sabio, mandaba, en consonancia con la fuente romano-justinianea de sus Siete Partidas, que ningún juicio penal pudiera durar más de do.s años'". Por su parte, también en la literatura no jurídica se le prestaba atención al problema y SHAKESPEARE puso en boca de Hamlet al retraso de la justicia como una de las causas de los males que pueden aniquilar a un hombre". En los tiempos modernosi el problema fue preocupación de la ciencia jurídico-penal desde sus primeras y embrionarias manifestaciones. BECCARIA, en 1764, afirmó que "el proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible"' 2, porque "cuanto más pronta y más cercana al delito cometido sea la pena, será más justa y útil; [...] más justa, porque ahorra al reo los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre, que crecen con el vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad; más justa, porque siendo una pena la privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia"". Medio siglo más tarde que BECCARIA sería FEUERBACH quien acentuara que "no tardar es una obligación de los jueces"^''. El problema y las quejas subsisten en la actualidad. El fenómeno de la excesiva duración de los procesos penales, dicho introductoriamente, reconoce dos razones destacadas, apreciables ya en la superficie emergente de su problemática. La primera está determinada fácticamente y consiste en el hecho notorio y umversalmente extendido de la mora endémica de la administración de justicia penal para terminar sus innumerables procesos, siempre en aumento, en tiempos humanamente aceptables. La segunda, de naturaleza jurídica, reside en que las interpretaciones de los alcances del derecho fundamental del acusado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sobre todo jurisprudenciales pero no solamente, han dado lugar a su derogación virtual como regla general abstracta, según se verá extensamente en este trabajo. Por cierto, se debe precisar ante todo que, en principio, un proceso penal "no rápido" responde correctamente a las caracten'sticas de la justicia pena! de un Estado de derecho'''. No hay nada más dernostrativo de la arbitrariedad de un procedimientoque los juicios sumarios o sumarísimos en materia penal. Se entiende con facilidad que ellos impiden al imputado el ejercicio de todas las facultades propias de un enjuiciamiento penal adecuado a la constitución democráticaí^. Esto significa que, como primer punto de partida para el análisis del problema de la duración del juicio desde la perspectiva de los derechos del imputado, se debe tener en cuenta que el proceso penal del Estado de derecho reclama tiempo: aquel que resulte necesario para satisfacer el ejercicio de todos los derechos y garantías del inculpado". Sin embargo, es posible llegar a un estadio temporal en el cual la duración del procedimiento no sirva ya para asegurar esos derechos, sino para conculcarlos, especialmente si esa duración se prolonga indefinidamente. Cuando esta situación se torna masiva y endémica el problema, además de representar una vulneración del derecho fundamental en cuestión, afecta también las expectativas atendibles de los demás involucrados en el caso concreto y se desplaza igualmente al sentimiento general de seguridad jurídica, afectando la confianza que el sistema del derecho debe brindar a la población, de todo lo cual depende la legitimación de la autoridad en una sociedad democrática. Es por todo ello que la llamada lentitud o morosidad de la administración de justicia penal se ha instalado en el centro de la escena como uno de los problemas más graves del sistema penal. En lo expresado hasta aquí ya pueden ser vistas, confundidas, las dos caras que la cuestión presenta con respecto al proceso penal. En efecto, un juicio prolongado y sin definición afecta tanto los derechos de un inculpado que, a pesar de que debe ser tratado como inocente es sometido a una pena informal (la de proceso), como afecta también el fin de aplicar la pena cuando ella es reconocida por la ley como socialmente necesaria. A pesar de esta "doble naturaleza" del problema, este trabajo está dedicado exclusivamente a su primer aspecto, esto es, a desentrañar el significado del tiempo del proceso penal sólo desde la perspectiva de los derechos del imputado y de su vulneración por la excesiva duración del proceso, pues es en ese ámbito en el que reside la mayor gravedad del problema y de ello surge su relevancia. Desde el punto de vista dogmático, un proceso cuya prolongación supera el plazo razonable, esto es, un proceso penal de duración excesiva, no lesiona únicamente el derecho a ser juzgado rápidamente, sino que afecta a todos y cada uno de los derechos fundamentales del imputado y sus garantías judiciales. Todo el derecho procesal penal queda desdibujado cuando el proceso se prolonga más de lo razonable, pues el proceso, como su nombre io indica, no es un fin en sí mismo que se cumple con su sola existencia, sino que, por lo contrario, supone por definición una marcha, un progreso que parte de la notitia criminis y avanza, a través del encadenamiento de sus actos, hacia la resolución definitiva, hacia la cosa juzgada que, para bien o para mal, fija una verdad para siempre'" y disipa en el "reo los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre" que inquietaban tanto a BECCARIA. Esta situación otorga al proceso un carácter irrevocablemente efímero y de ello se desprende que todas sus regias estén pensadas para actuar en condiciones de total provisionalidad, dado que "el simple comienzo y tanto más c! desarrollo del proceso penal causan sufrimiento [...], sufrimiento del inocente que es, lamentablemente, el costo insuprimible del proceso penal Sólo si está drásticamente limitada la duración del proceso se justifica que la inocencia del imputado, declamada como uno de los principios más elementales del derecho procesal penal, se pueda ver tan restringida por la realización del proceso, que implica el sometimiento de la persona a todas las penurias que el enjuiciamiento penal ya conlleva en sí y que ocasionalmente puedo llegar hasta la directa privación de libertad de ese "inocente", ejecutada de un modo que no permite, al observador ajeno al caso, saber si es a título de pena o de cautela-^'J. También las demás medidas precautorias de carácter patrimonial (estén al servicio de los fines de la acción penal o do la civil ejercida en el proceso penal) operan en la certeza de que el proceso es una contingencia temporal. La propia amplitud del derecho de defensa sería inalcanzable si su desempeño no tuviera carácter transitorio. Hasta la inmediación exige la relación directa no sólo entre quien juzga y los órganos de prueba, sino que también exige una inmediación temporal entre la adquisición de las distintas pruebas^' y entre esa adquisición y la sentencia^^. En consecuencia, si el proceso se prolonga indebidamente todas sus reglas de funcionamiento quedan distorsionadas y las restricciones procesales de los derechos del imputado, siempre precarias, ya no son más defendibles frente a un enjuiciamiento perpetuado en el tiempo. Se trataría de una sobreactuación de esas medidas no tolerada por el principio del Estado de derecho, que preside toda la estructura del proceso. Esta situación, junto a la consiguiente sensación de frustración de la justicia que acarrea también la excesiva duración del proceso penal, muestra que, en cierta forma, esta cuestión es una de las más delicadas del derecho procesal penal, pues además de vulnerar el derecho al juicio rápido tergiversa todos los principios que rigen la actuación procesal legítima del Estado Las reglas en juego Para el catálogo de derechos del imputado, el de ser juzgado dentro de un plazo razonable es una conquista reciente. En efecto, a pesar de que, como ya fue mencionado, los lamentos son antiguos, como también lo son algunas reglas que pretendieron neutralizarlo, el problema de la excesiva duración del proceso sólo fue objeto de una regulación jurídica positiva específica y decidida después de la Segunda Guerra Mundiales, cuando entre los derechos fundamentales de las personas comenzaron a ser incluidos, junto a las garantías básicas burguesas ya consolidadas, también unos derechos básicos, llamados de "segunda generación", tendentes a reconocer la transformación de las expectativas jurídicas de los individuos derivada del desarrollo de nuevas formas de relación entre éstos y el Estado^l El reconocimiento de la pretensión de toda persona perseguida penalmente aser juzgada en un plazo razonable no es todavía una preocupación de los primeros documentos internacionales de esa época^^. LaDADDH, de 1948, contempló tímidamente el derecho en cuestión al regularlo como garantía contra la duración indefinida del encarcelamiento provisional: "todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad" (art. XXV). La fórmula es deficiente, pues la expresión "de lo contrario" parece sugerir que es posible el proceso con retrasos injustificados si el imputado está en libertad. Por lo demás, el art. XXVI, que establece las condiciones del derecho a un proceso regular, no hace mención a las restricciones a su duración. El derecho a la duración razonable aparece en el universo del derecho internacional de los derechos humanos por vez primera en el CEDH de 1950: art. 6.1: 'Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación que en materia penal se dirija contra ena"26. En el PIDCP de 1966 este derecho es establecido bajo la fórmula del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [...] ser juzgada sin dilaciones indebidas" (art. 14.3.c)2''. Finalmente, la CADH de 1968 reproduce las palabras del CEDH: 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la.determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" (art. 8.1). Frente a esa regulación positiva, la cuestión central, objeto de la investigación, consiste en fijar dogmáticamente el alcance de ese derecho fundamental. Más concretamente, este trabajo se ocupa de la presentación precisa de los elementos que componen la tipicidad del precepto en cuestión y, muy en especial, de determinar las consecuencias previstas por el orden jurídico para la violación de dicha norma.
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