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Manual de Derecho Procesal Penal

La decisiones que integran la política criminal deberían tomarse dentro del mismo marco ideológico–político (no siempre ocurre así pues los responsables no piensan lo mismo o simplemente compiten por espacios de poder), que servirá de inspiración y de límite a cada una de ellas, de modo que exista coherencia entre todas las que se adopten.
Esbozado así el campo de la política criminal como el de la definición, prevención, juzgamiento y castigo del delito, y verificada la interrelación en la realidad entre estas actividades, y admitida la necesidad de un funcionamiento coherente de todas ellas en procura de lograr plasmar, en la totalidad de estos ámbitos, los valores y los objetivos que la inspiran (o deberían inspirarla), queda evidenciada como una deformación política –resultante de una mal entendida especialización–, la actitud de muchos cultores del derecho penal y procesal penal, que se despreocupan de las condiciones sociales y políticas que favorecen el delito (o su incremento), y se concentran sólo en su mejor investigación y represión, sin advertir que la sociedad se preocupa, primero, por la existencia de la ilicitud, que es la que pone en jaque los derechos de cada uno de sus miembros, y recién después por las supuestas excelencias de su persecución, juzgamiento y castigo.
El procurar evitar la existencia o el aumento del delito, es decir, su prevención, debe ser parte de la política criminal; también la reparación de la víctima.
Si bien la amenaza de la pena, su imposición y su ejecución deberían contribuir a evitar delitos convirtiéndose en obstáculos jurídicos a su comisión (efectos de prevención general y especial que se atribuyen a la pena), la falta de comprobación empírica de esta aptitud preventiva (seguramente por la dificultad de experimentarla) la ha puesto en una zona de dudas y desconfianzas. También se asigna una función preventiva a la tarea policial, cuya función sería la de preservar el orden y la tranquilidad pública y en particular la de impedir que el delito exista, evitando que se cometa. Es la llamada actividad de "policía de seguridad", que se opone de hecho a la infracción del orden jurídico, disuadiéndola, como un verdadero obstáculo material a la comisión del delito (v. gr., la presencia de un policía en la puerta de un banco).
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